En menos de un mes, la democracia representativa nos mostró por lo menos dos ejemplos claros e innegables de su principal defecto congénito, es decir, considerar legal y legítimo la traición de la(s) promesa (s) por la cual un candidato es elegido. La primera prueba la dio el jefe de la bancada presidencial Uribe Vélez, quien en una reunión la misma noche de la investidura presidencial se felicitaba con sus colegas, porque Iván Duque en su discurso no hubiese mencionado la consulta anticorrupción. Como el video de la reunión fue hecho público, Uribe se ratificó diciendo que más bien apoyaba un proyecto anticorrupción alternativo que preparó en ese sentido el nuevo gobierno.

La diferencia es que la versión gubernamental no contempla puntos de alta importancia que si tiene la consulta anticorrupción del 26 de agosto: reducir el sueldo de los congresistas y de los más altos funcionarios del Estado (representados por no más de cuatrocientas personas), No otorgarle casa por cárcel y extinción de dominio a los corruptos que han metido mano a la alcancía publica, además de no permitirles contratar de nuevo con la administración pública.

Estos puntos son tan importantes, que además de armar la democracia con instrumentos de gran eficacia para combatir la corrupción endémica de nuestro país, al mismo tiempo acaba la ruptura de igualdad frente a la justicia. No es posible que una persona que robe, incluso en forma repetida, unas barras de chocolate se condenen a ocho meses de cárcel y a un corrupto político o civil que roba miles de millones de pesos, se le dé mansión por cárcel.

El asunto de los salarios de los congresistas es más aberrante, aun cuando las estadísticas acerca de los salarios de los políticos no son muy prolijas en ninguna parte. En el 2016 el portal informativo irlandés The journal.ie, que comparaba los salarios de los parlamentarios de su país con el de sus homólogos de la Unión Europea, UE, señaló la dificultad de evaluar con precisión los montos devengados que podían incluir: extras, exoneración de impuestos, protección etc. Por lo anterior el informativo irlandés para ceñirse al contexto económico de cada país, se basó en el producto promedio interior bruto por habitante (PIBh).

 Para la comparación se utilizaron los datos del PIBh, de los 28 países miembros de la UE publicado por el Banco Mundial, estableciéndose que son los diputados italianos quienes lo devengan cuatro veces más. A pesar que los diputados griegos ganan la mitad del salario que sus pares italianos, estos políticos ganan tres veces más el PIBh. Los parlamentarios de España ganan el 1,31 % del PIBh, los de Luxemburgo ganan alrededor de 1,16 % y los de Malta casi lo igualan.

El periodista suizo Daniele Mariani hizo otro comparativo en el mismo año (SWI swissinfo) y los datos son casi similares, pero muestra otros países fuera de la Unión Europea, por ejemplo, en el Japón los parlamentarios ganan 3.9 veces más que el ingreso medio; en los Estados Unidos 3.1; en Rusia 5.8. Basta con acercarse a los continentes suramericanos y africanos para ver como la diferencia de los ingresos parlamentarios aumentan. Según el Panam Post, 2016, en Brasil la remuneración de un parlamentario es 10.6 veces mayor que la de un salario medio (que no es lo mismo que el PIBh; en Argentina es de 22 veces; en Bolivia es de casi 11 veces; en México se espera las decisiones de López Obrador, quien anunció reducirse el sueldo hasta en un 50 % menos, de lo que devengaba su predecesor, repercutan en el resto de funcionarios, ya que, según una Ley del 2009, ningún funcionario público podrá devengar más que el presidente.           

 En Colombia, un senador gana mensualmente $ 31.331.821 pesos, que, si se compara con el producto nacional bruto por habitante, en los primeros meses de 2018, sería del orden de los 1.617.837,33 pesos, donde los senadores multiplican 19 veces su sueldo. Dado que el producto nacional bruto por habitante, es la mediana entre la ganancia de los habitantes de un país, en el caso nuestro, la desigualdad económica es tan abrumadora, que la comparación no da la talla. Si se tiene en cuenta el salario mínimo mensual, $781,242.00 pesos, que, sumado a los ajustes de este año, llegaría a los $869.453 y se compara con el salario de los senadores, alcanzaría la extravagante cifra de un salario mínimo frente a un salario treinta y seis veces mayor. En una noticia reciente de Caracol TV. (17/08/2018) se leía: “Para Fedesarrollo, cerca de la mitad de colombianos gana un salario mínimo: $781.242. Y, según estudios de la Universidad de los Andes, 22 millones de personas en Colombia devengan un salario, sea de manera formal o informal, y reciben cerca de $900.000. De acuerdo con el DANE, el 10% de los hogares se queda con el 40% de los ingresos totales”. Hagan cuentas con esos 900.000 pesos. Con el acceso a la información en general, le es muy fácil a cualquier ciudadano poder comparar de un lado la riqueza (sobre todo ostentosa) y del otro, la pobreza absoluta y relativa. Para muchos, el resentir de tal injusticia es potencialmente una bomba de tiempo.

Reducir esta realidad y su percepción es esencial a la paz y a la democracia y este gran detalle se olvidó en el proyecto gubernamental, sin embargo, hay que confiar que según las últimas declaraciones del presidente, este apoyará la consulta. En el caso de ser aprobados: consulta y proyecto gubernamental, las dos propuestas serian bienvenidas y complementarias.

Otro punto en la consulta y olvidado en el proyecto del gobierno, es la extinción de dominio. Es una medida no solo de sentido común sino también que la justicia trate de igual manera a todos los ciudadanos. El no permitir que los corruptos vuelvan a contratar con las administraciones públicas es igualmente evitar que no se repita el incidente de las pechugas de pollos vendidas a 40.000 pesos en los comedores de los colegios en Cartagena. La misma empresa que vendió tales pechugas volvió a contratar recientemente con los colegios en Bogotá, en este caso, la administración pública tiene más responsabilidad que la misma empresa.

El segundo desdecir proviene del propio presidente electo, quien en su campaña aseguró no aumentar los impuestos a la clase media y una vez elegido, a través de su ministro Carrasquilla va a someter a la tasa a los contribuyentes que ganen más de $1.900.000 pesos. Esto quiere decir que un poco más de la mitad superior de la franja de la clase media deberá meterse la mano al bolsillo. Una vez más se presenta la falta de cumplimiento de las promesas que hacen los políticos para ser elegidos. 

La Constitución colombiana permite, aunque tímidamente y de manera limitada, el ejercicio de una de las modalidades de democracia más eficaces como es la democracia participativa. Estamos todavía bien lejos de una verdadera democracia directa, pero la consulta anticorrupción, nos brinda una excelente oportunidad de irrumpir directamente como pueblo soberano en el destino de nuestro país.

Tenemos una tarea inmensa de convencer a más de doce millones de votantes, es lo mínimo que todos los decepcionados por la politiquería podemos hacer. Ejerciendo la potencia soberana que guardamos cada uno en sí, en el caso que se apruebe en la consulta anticorrupción de este 26 de agosto votando siete veces SI, obligaría a los congresistas así no quieran, a cumplir el mandato de la consulta al pie de la letra.

Que nuestras instituciones se doten de armas anti-corruptivas depende de todos nosotros. El primer ejemplo de robo y de corrupción nos lo enseñan algunos políticos y administradores públicos, con el incumplimiento descarado de sus promesas. Hay una correlación estrecha entre corrupción y subdesarrollo. Votando positivamente a las siete preguntas de la consulta empezaremos a demostrar al mundo que Colombia sí puede.  Por ejemplo, para comenzar, con el ahorro de los cincuenta billones anuales, que dice la contraloría que se roban los corruptos, podemos invertirlos tanto en las necesidades básicas que tienen tantos conciudadanos, como en las demás realizaciones responsables que nos ofrece la postmodernidad.