Con una acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soledad, a cargo de Hernando Estrada Peña, se busca revivir el proceso para la elección de Contralor y Personero de ese Municipio, que fue revocado por el Concejo actual el pasado 7 de enero.

Con esta acción judicial, que está ad portas de ser fallada se pretende volver al estado anterior la convocatoria pública abierta el 21 de octubre de 2019 por parte del grupo de concejales que fueron sancionados con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años, en fallo de segunda instancia emitido por la Procuraduría General de la Nación.

Ese proceso concluyó con la presentación de 21 aspirantes para Contralor y 22 para Personero.

Sin embargo, al entrar el nuevo Concejo, fue revocado todo el proceso por parte de la mesa directiva integrada por Jairo José Samper Rojas (presidente), Emilio Vega Fábregas (primer vicepresidente), Wilmer Donado De Alba (segundo vicepresidente) y Andrea Rada Torres (Secretaria General), por considerar que en su desarrollo se presentaron una serie de situaciones “que constituyen per se unas violaciones evidentes a la normatividad regulatoria de este tipo de procesos , irregularidades que afectan el curso normal del mismo y colocan en entredicho los principios constitucionales y de la contratación pública atinentes a la moralidad, publicidad e imparcialidad”.

Para el actual Concejo “es evidente que la convocatoria pública se hizo sin la debida planeación contractual, ya que está demostrado que no se adelantaron los estudios y documentos previos que debían ser publicados antes de la convocatoria para la selección del contratista que debía adelantar los procesos de selección de Personero y Contralor Municipal de Soledad, vulnerando así de manera directa los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva”.

El contratista seleccionado fue la Corporación Universitaria de Colombia (IDEAS), de la que también se cuestiona la falta de capacidad para hacer las pruebas, para el caso del Contralor, porque no tiene alta acreditación ante el Ministerio de Educación como lo exige la Ley 1904 de 2018. 

Ahora lo que se busca es que vía tutela el proceso regrese a su estado anterior, a través de la acción interpuesta ante el Juez Hernando Estrada Peña, de quien también se recuerda que ha sido objeto de una condena a 60 meses de prisión, por el delito de prevaricato por acción, por reconocer 24 pensiones de gracia, sin tener competencia ni medios pobatorios, a docentes a quienes la liquidada Caja Nacional de Previsión Social las había negado por no llenar los requisitos de Ley.

Por esta razón, Darío Cárdenas Sánchez recusó al Juez Hernando Estrada Peña, “para que no siga conociendo el trámite de la presente acción constitucional, ya que se encuentra moralmente impedido, toda vez que es de público conocimiento que frente a idénticas situaciones ha fallado en contra de la Constitución y la Ley al reconocer por vía de tutela situaciones improcedentes por este mecanismo, ya que al igual que en el caso bajo examen están reservados a la justicia contencioso administrativa”. 

Y agrega: “Por estas acciones señor Juez usted ya fue condenado por el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla a 60 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción. Por lo anterior solicito dar el trámite de rigor a la recusación presentada al señor juez para que continúe el trámite de la tutela y en consecuencia se declare impedido y se abstenga de fallar”.

La situación mantiene en expectativa a la opinión pública soledeña.