Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano.
Carlos Holmes Trujillo, canciller colombiano.
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Canciller Trujillo explicará a la ONU objeciones a la Justicia de Paz

Estará este martes la sede de las Naciones Unidas.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, visitará este martes Naciones Unidas para explicar a la organización las objeciones del Gobierno a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), según dijeron este lunes fuentes diplomáticas.

Trujillo mantendrá varias reuniones, incluida una con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar el alcance de la decisión del presidente Iván Duque.

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.

La JEP se enmarca en el acuerdo de paz firmado por el anterior Gobierno con la guerrilla de las FARC y que ha contado en todo momento con el pleno respaldo de Naciones Unidas.

La organización tiene desplegada en Colombia una misión política que se encarga de verificar la reintegración política, económica y social de los exguerrilleros, así como sus garantías de seguridad.

En una carta, exnegociadores de paz del Gobierno colombiano y de las FARC manifestaron este lunes a Guterres su preocupación por las objeciones de Duque.

Según los firmantes, entre los cuales hay también políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil en general, la decisión del presidente puede "lesionar gravemente" la aplicación del acuerdo firmado en noviembre 2016 con la antigua guerrilla para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, confirmó que el secretario general ha recibido la misiva y planea responder, aunque no avanzó ningún detalle.

En términos generales, las objeciones de Duque buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado; aclarar las competencias de la justicia ordinaria, inclusive en los casos de extradición, y garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

EFE

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