5:27 pm. Martes 04 de Agosto de 2020
Opinión
5:27 pm. Martes 04 de Agosto de 2020

 

Los conceptos surgen en un momento determinado con el fin de dar sentido y existencia a algo nuevo  (por el solo hecho de nombrarlo lo creamos). Los conceptos influyen en nuestras vidas, crean realidad y nuestra realidad va modificando y actualizando los conceptos. Esta relación, activa y activadora, entre concepto y realidad, es la Historia misma.

El concepto de democracia surge en el mundo clásico griego para definir una forma de gobierno en que los ciudadanos (civitas), que tienen y ejercen sus derechos políticos, pueden influir directamente en las decisiones más trascendentes de dicha comunidad política (polis). Sin duda que dicho concepto no es el mismo que aplicamos hoy en día, más allá de la característica de la isonomía, es decir, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley hay muy pocas similutes entre la democracia moderna y la contemporánea.

La persistencia, a través del tiempo, de la isonomía, no es cosa del azar, está en la esencia de sistema. En palabras de Hannah Arendt, es la dimensión más relevante de la democracia, ya que la esfera pública está basada en la ley de la igualdad. No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión  de concedernos mutuamente los mismos derechos. Esta igualdad contrasta con la simple existencia, en donde abundan las diferencias en los planos sociales económicos y culturales.

Luego del fracaso de la democracia en la Atenas del siglo V, el concepto pasó por una larga etapa en que perdió vigencia. Los romanos elevaron el concepto de República para expresar el comportamiento en la esfera pública y como una forma de marcar distancia con el sistema monárquico y los gobiernos personales.

Los aportes más relevantes del concepto República, que no pocos tienen a confundir en nuestros días con la democracia, se sustentó, a mi modo de ver en tres principios que hoy consideramos fundamentales en nuestro ordenamiento político: la temporalidad en los cargos, el carácter colegiado en el ejercicio del poder y la electividad para el ejercicio de las magistraturas. La caída del sistema republicano, la instalación del Imperio, las experiencias monárquicas de variado sello, terminaron por eliminar la categoría de ciudadano y reemplazado por un súbdito llamado a obedecer a una autoridad que era legitimada desde los planteamientos religiosos de Bodin y Bossuet hasta la justificación racional de Hobbes en su Leviatán.

Después de largos siglos monárquicos, en el desenvolvimiento de la historia de Occidente, el concepto República vuelve a ser elevado como una alternativa a la Monarquía absoluta en el contexto de las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Contemporáneamente, el nacionalismo griego que busca la conformación de su Estado nacional a partir de su independencia del plurinacional imperio turco,  busca en sus raíces fundamentos conceptuales y reinstala la idea de la democracia, claro está que al consolidar su proceso independentista, y ante la presión de las monarquías europeas que buscaban mantener los equilibrios políticos y diplomáticos, se organizaron de una manera monárquica.

Los conceptos se vuelven a instalar en la Europa del siglo XIX alimentados con fuerza por los ideales liberales y nacionalistas de la clase revolucionaria en ése contexto: la burguesía. La lucha de la burguesía, muy bien expresada por Adolfo Thiers en aquellos años, tenía que ver más con una revolución política, en que la Burguesía pudiera acceder a espacios y puestos que “la cuna les negaba, pero que el mérito justificaba”. Es por ello que en dicho contexto se organizaron,  lo que Robert Dahl denomina,  las condiciones procedimentales mínimas de una democracia moderna: el derecho a voto; el derecho a ser elegido; el derecho a competir por el apoyo electoral; elecciones periódicas, libres y justas; libertad de asociación y organización, libertad de pensamiento y expresión; acceso a fuentes alternativas de información y; políticas públicas que dependan del voto y otras expresiones de preferencia.

No todos los países del mundo Occidental avanzaron con la misma velocidad por estos derroteros democráticos, cada uno de los Estados Europeos y extraeuropeos de la época presentaba condiciones que favorecieron o retrasaron su instalación. La realidad misma nos habla que, a principios del siglo XX, un puñado muy minoritario de Estado Nación exhibían diferentes grados de democracia. Nacían así las primeras democracias modernas, muy inspiradas en el liberalismo revolucionario de principios del siglo XIX.

La democracia moderna surge  como un sistema eficaz para avanzar en el constitucionalismo, la separación de los poderes del Estado y el principio de representación. Los principales procesos históricos del siglo XX facilitarán un proceso de universalización del modelo, pero también la complejización del concepto de democracia al incorporar, como demandas, otras dimensiones en que la ciudadanía ha ganado terreno. Es así como la democracia ha robustecido su alcance, va desde la garantía de la participación  y acción ciudadana en libertad, hasta la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales, la protección de las poblaciones marginadas y su inclusión en equidad  y hasta la protección de los derechos de los migrantes.

Las demandas están cruzadas por planteamientos que nacen de la revoluciones liberales del siglo XIX y también por las revoluciones proletarias del siglo XX, que imponen una nueva lógica al éxito o el fracaso del sistema. La “democracia compleja” gozará de buena salud no sólo si las instituciones funcionan y se mantiene el orden público que garantice la propiedad privada y el buen funcionamiento del mercado, sino que también en la medida en que todas las personas puedan beneficiarse del crecimiento económico y de la prosperidad, que los incluya y que se sientan parte de las decisiones, que cuenten con más herramientas para controlar y fiscalizar a los representantes, como también más espacios en donde puedan participar de manera más activa en la toma de decisiones con el fin de promover  sociedades más justas y equitativas.

En este nuevo contexto democrático, la  paz social no puede imponerse sólo por el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, el nuevo contrato, en una democracia compleja, demanda sociedades libres, participativas,  con instituciones responsables,  eficaces, y también  sociedades justas, equitativas e inclusivas. Estamos más conscientes que nunca que la democracia es evaluada no sólo por la dimensión política, debe ser entendida como la forma de organización que se perfecciona a sí misma, que es capaz de incorporar las nuevas conquistas que hombres y mujeres elevan como verdaderos actos emancipatorios y que, por lo mismo, intrinca cada día más todas las dimensiones en que el sujeto histórico se desenvuelve, donde la política es sólo una más de ella y no necesariamente la más importante.

La Pandemia del coronavirus ha sido muy esclarecedora en este tema, las demandas que se realizan a los gobiernos en términos de salud, apoyo económico, residencias sanitarias, reformas previsionales, reconocimiento de las desigualdades y aportes en función de ellas, políticas equitativas que requieren de una nueva mirada al sistema tributario y de la política fiscal en materia de gasto público,  la solidaridad con los extranjeros residentes y los acuerdos entre Estados para concurrir con políticas humanitarias a sus connacionales en suelo extranjero, en fin, son las peticiones más sentidas en estos momentos de crisis. La democracia de hoy no es solo un sistema que favorece y facilita la participación, tiene que hacerse responsable de aquello que impacta de manera concreta con nuestra calidad de vida.

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