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A cuatro meses del estallido social en Chile

Hoy se cumplen exactamente cuatro meses del estallido social en Chile. Lo que más ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional (a pesar de los agoreros post estallido que han surgido por todas partes) es lo imprevisto del fenómeno, en especial por la imagen internacional que había construido Chile (era solo una imagen al fin y al cabo).

Recordemos que unos días antes del 18 de octubre pasado el mismo presidente Piñera marcaba diferencias con el resto de los países de la región (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y muy especialmente Venezuela) al considerar que Chile era un verdadero “oasis en Latinoamérica” (no será la primera ni la última vez que el mandatario ha realizado previsiones poco afortunadas).

A la luz de los acontecimientos y muy especialmente para los debates en la realidad interna de Chile la preocupación por el contexto latinoamericano ocupa un lugar insignificante, hasta el punto que parece que Venezuela ha superado todos sus problemas y la relevancia de dicho debate se ha minimizado a niveles que prácticamente hacen pensar a muchos, en especial a los menos informados, que la catástrofe humanitaria que vivía ese país ha sido milagrosamente superada.

Así estamos hoy en Chile, con una calma interna avalada por la historia de Chile que nos pronuncia que todos los problemas se minimizan en los meses de verano (las fiestas de fin de año,  las vacaciones, el receso escolar y universitario, entre otros) generan un panorama que reduce considerablemente la intensidad del conflicto pero en el que, para ser sinceros, se está oliendo su “resurrección” para este mes de marzo en que la mayoría del país vuelve a su normalidad. Los conflictos en espectáculos musicales, deportivos y en festivales muy tradicionales para la época veraniega son los que nos hacen estar en esa situación de alerta y de preocupación para lo que puede pasar desde inicios del próximo mes.

La pregunta que resulta de este panorama tiene relación con ¿Qué hemos hecho como sociedad, que ha realizado un diagnóstico muy generalizado sobre la construcción de una sociedad muy desigual y claramente abusadora, para responder a los movimientos sociales con respecto a sus principales demandas? Como comentario general creo que muy poco y especialmente contradictorio en algunas materias que no permitirán enfrentar con argumentos a las demandas de la sociedad civil que poco o nada cree en la institucionalidad, los partidos políticos, el Congreso y el Presidente de la República (piénsese que aún en esta etapa de menor conflictividad la imagen de estas instituciones y organismos no ha mejorado, muy por el contrario, la situación de la aprobación del Presidente Piñera a llegada al 10% con más de un 80% de rechazo a su gestión, que a modo de comparación es muy por debajo a la que tenía De La Rúa en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil cuando se vieron obligados a dimitir).

No estoy planteando con esto la necesidad de que el Presidente Piñera renuncie, no. Tal como lo he planteado en opiniones anteriores, creo que Chile no puede farrearse la oportunidad histórica de generar una institucionalidad democrática con una legitimidad de origen (situación muy cuestionable en la historia del ordenamiento constitucional chileno) con el fin de generar una instancia integradora que nos haga, en el buen sentido de la palabra, “cómplices” dicho ordenamiento jurídico  que favorezca el sentido de pertenencia que nos conmine a generar una estabilidad que nos incluya y nos respete a todos.

El plebiscito no  vinculante realizado con mucho esfuerzo por la gran mayoría de las municipalidades de Chile  en diciembre pasado resulta ser un muy buen diagnóstico de la problemática y de respaldo para asumir las prioridades que la inmensa mayoría de Chile sigue exigiendo: una nueva carta constitucional, generada a través de una asamblea constituyente ( o como se le quiera, eufemísticamente, llamar), una profunda revisión del sistema de pensiones, de la salud y de la educación pública que, en la práctica, apuntan a que la nueva constitución y a diferencia de la actual, se enfoque más en la lógica de los derechos que en la de la libertad.

Más allá del llamado a plebiscito para abril próximo (que a la luz del resultado de las encuestas parece más bien un trámite, pero no menor desde el punto de vista de la legitimidad que, aunque no lo crean, muchos de los defensores de los resabios dictatoriales y que se tratan de vestir con ropaje democrático, han criticado al plantear que el estallido social ha generado un ambiente que impide el diálogo democrático. ¿Dónde estaban ellos en el año de 1981?, la mayoría hijos de la dictadura que defendieron la legitimidad de la carta espuria, que negaron por décadas  las violaciones a los derechos humanos, que fueron cómplices políticos de grandes vejaciones, que nunca han asumido sus responsabilidades y que, renegaron de Pinochet cuando supieron que no respondía a la imagen del dictador austero que habían construido (las famosas cuentes falsas en el Banco Riggs) y no por que supieron con claridad de la cantidad de muertos a manos de la dictadura, los miles de chilenos torturados o que debieron salir al exilio y al temor con que muchos de nosotros crecimos por un ambiente coercitivo, violento y antidemocrático en el cual se sintieron más cómodos que nunca.

La actitud de un sector de la derecha chilena que se ha concertado para rechazar la opción de una nueva carta constitucional debe tener la claridad de la responsabilidad de lo que eso significa, más aun cuando muchos de ellos, en pleno fragor del conflicto, firmaron el acuerdo por una nueva constitución, que a la luz de sus declaraciones actuales pareció más bien una estrategia política de dilación que permita ganar tiempo para al fin y al cabo no cambiar nada. E

spero sinceramente que la sociedad civil no haga esa lectura y que reconozca que representan a esa minoría política que nunca le importó la violaciones a los derechos humanos, que fue cómplice de los delitos de la dictadura, que lucró de manera grosera con una constitución hecha a la medida de sus intereses, que no le importó nunca resolver los grandes problemas del país, sino que legislaron para los grandes grupos económicos pesqueros (caso Corppesca), de la banca (Deuda Subordinada), de la minería (Soquimich), del retail (condonación de deuda de Johnsons y fallo ridículo a La Polar), las cadenas farmacéuticas, del pollo, del papel higiénico (colusión y donde los grupos económicos son los mismos interesados)  y de espaldas a aquellos que son el verdadero objetivo de las leyes, aquellos que no disponen de instancias fácticas de poder para imponer sus intereses, sino que creen que el sistema democrático, que tiene la capacidad de auto perfeccionarse permanentemente, y que  debe tener a la gente común y corriente como su principal preocupación, eso es lo que debe primar en la nueva carta constitucional.