Con estas palabras se refirió, el dos veces ex presidente del Perú, Alan García, en una entrevista que había dado una semana antes de la trágica decisión que puso fin a su vida. Esto nos lleva nuevamente sobre una temática que ya discutimos con anterioridad y que es la relevancia de la Historia como una especie de sustento moral a la que se someten los que los sujetos (eminentemente históricos) en función de lo que hacen o lo que dejan de hacer.

Pero también la Historia nos sirve para generar un espíritu crítico, más aún en la lógica de que el conocimiento histórico propone el arribo a verdades inacabadas (no sé quién hoy puede defender el absolutismo de la verdad o el paradigma de que la verdad hay que buscarla, es decir que se nos esconde, pero que está ahí esperando ser descubierta)  que se construyen en función de una línea argumental que tiende a darle sentido y a explicar los fenómenos con los que  convivimos y que producimos. No aspira a ser una tergiversación mañosa de la realidad, por el contrario debe apropiarse de fuentes que den sustento y especialmente credibilidad al significado que se propone (como dice Eric Hobsbawn, si todavía hay quienes creen que Hitler vivió después de terminada la Segunda Guerra Mundial en alguno de los países del cono sur americano, es cosa que la Historia seria  no puede sustentar).

La producción de verdades inacabadas, pero obtenidas con el tratamiento riguroso de las fuentes, facilita la formación de un espíritu crítico que se ve, muchas veces, aún más condicionado por la cercanía a los hechos históricos a los  que busca darles significado. En este contexto, más allá del lamentable final de Alan García, el espíritu crítico nos enfrenta a una de esas contradicciones que hacen del conocimiento histórico de una riqueza interpretativa que a muchos nos cautiva.

Alan García es el quinto Presidente de Perú que está siendo procesado. Desde el caso Fujimori, por delitos de Lesa Humanidad y los últimos cuatro presidentes por temas graves de probidad y falta de transparencia en su administración.

Alejandro Toledo es investigado por tres casos de corrupción en que la gigante (en todo aspecto, incluso en la corrupción) Odebrecht brasileña habría traspasado más de veinte millones de dólares a cambio de licitaciones y otros setecientos mil dólares para la campaña presidencial del 2011; Alan García se le investigaban dos aristas, una supuesta conferencia que nunca habría dado en Sao Paulo y que le significó un ingreso de 100.000 dólares  y 200.000 más para su campaña presidencial del 2006 por la misma gigante brasileña; la cola de la corrupción de Odebrecht también le habrían significado a Ollanta Humala cerca de 3 millones de dólares para su campaña presidencial de 2011 (sin duda que los recursos de la empresa brasileña le permitían jugar a más de una banda y aumentar sus posibilidades de éxito) y por último; Pedro Pablo Kuczynski (de una recordada cadena nacional en el Perú sobre su compromiso por terminar con la corrupción que nos llevó a muchos en Latinoamérica a desear un Presidente de esa valentía) se le investigan pagos de Odebrecht a varias compañías relacionadas con el ex presidente y, aún más, la famosa carta del 2006 cuando, el entonces ministro Kuczynski, habría solicitado la posibilidad de abrir una cuenta en Panamá que, según la fiscalía peruana, servía  para evasión fiscal de fondos de un ilegítimo origen.

Una de las interpretaciones que podemos hacer sobre la base de estos hechos y cargos es que la corrupción penetró el tejido político más profundo de la democracia peruana, escalado a los más altos niveles de la toma de decisiones lo que, sin duda, y en especial en el discurso popular (que también construye realidad aunque a veces con poco rigor en la fuentes pero con un fuerte anhelo de justicia),  tiende a desacreditar el sistema al no disponer de los mecanismos fiscalizadores y preventivos con el fin de impedir estas prácticas que tanto molestan al gran público.

Pero esa interpretación puede ser complementada y matizada con la reflexión que reconoce el esfuerzo de la democracia peruana por llevar a la justicia estos actos tan contrarios a la probidad y transparencia que tan altos cargos públicos demandan y que han permitido procesar y condenar a ex presidentes de la república. Realidad muchas veces extraña para varios de los países de la región que presentan interesantes indicadores de transparencia que, para muchos y me incluyo, se debe más al ocultamiento de prácticas ilícitas y no a enfrentarlas con la rigurosidad que requieren, debido a que dicha imagen puede afectar la posición del país y reducir las tan ansiadas inversiones extranjeras en nuestras siempre necesitadas economías.

“La historia se encargará”, sin duda,  pero estoy por el procesamiento  y esclarecimiento de dichos procesos que permitirán avanzar a nuestra democracia de la mano de la justicia y no por el ocultamiento que favorezca políticas de inversión que implican la compra de más de alguna conciencia.