Víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este jueves a la Justicia Especial para la Paz (JEP) excluir de su jurisdicción al general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército colombiano entre 2006 y 2008, al considerar que "no aportó a la verdad" sobre este caso.

El oficial, que acudió ayer y hoy al tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado para su primera comparecencia que fue reservada, es investigado por los "falsos positivos", como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales.

Al término de la intervención de Montoya, las víctimas pidieron a la Sala de Reconocimiento "activar el procedimiento adversarial y remitir al compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción", detalló la JEP en un comunicado.

Esto porque "a juicio de las víctimas el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional. Dicha solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento".

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de estos casos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.

En el caso 3 que investiga la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, también han comparecido el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería número 4 "Jorge Eduardo Sánchez", y el general en retiro Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Dentro de este caso, la JEP también "ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército", agregó la información.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas de crímenes de Estado en el país, consideró el miércoles que la comparecencia de Montoya fue "una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado".

"Esto contrasta con las enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual tiene el deber de decir la verdad plena y completa sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre 2006 y 2008", manifestó el Cajar en un comunicado.

EFE