Luego de dos semanas de audiencias de control de garantías contra 18 personas, que al parecer conformaban una estructura delictiva en Barranquilla , la Fiscalía General de la Nación logró que el Juez 12 Penal Municipal de esta ciudad, con funciones de control de garantías, les profiriera medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia a la corrupción, se puso en evidencia la presunta participación de 15 uniformados de la Policía Nacional en la red criminal, que manejaba una oficina ilegal de tránsito para sacar provecho de la información que reposaba sobre vehículos que tenían documentación vencida, como el Soat o la revisión técnico-mecánica.

Se determinó que un funcionario del Centro Estratégico de información de la Policía Nacional, con sede en la ciudad de Bogotá, se valía de su cercanía con la Oficina de Telemática de esa institución, supuestamente accedía a las claves del QHRUN, un sistema de información para realizar consultas sobre el estado de los vehículos que transitan en el territorio nacional y que tuvieran vencida la documentación obligatoria.

Así, la estructura delictiva contactaba a la Policía de Tránsito y policías de vigilancias de los cuadrantes, y les ofrecían el servicio ilegal de conocer el estado de los vehículos por tarifas diarias de 30 y 60 mil pesos, lo que les permitía hacerle seguimiento a los automotores y exigencias económicas a sus dueños, con el fin de no inmovilizar los vehículos.

Por estos hechos, el juzgador afectó con medida de aseguramiento intramuros en el centro carcelario de Sabanalarga (Atlántico), al subintendente Roberto Carlos De la Ossa Wades, y a los patrulleros Rubén Marino Angulo, Osvaldo Rafael Prent Alcazar, Luis Fernando Flechas Garzón y Jorge Eduardo Guerrero Arias.

Por otra parte, a los patrulleros John Rincón Parra, Dewin Realpe Gamez, Daniel Rodríguez Sánchez, Elías Montes Sierra, Luis Guillermo Díaz Gutiérrez, Robín Hernández Orozco, Wilmer Stevez Simpson, Alfonso Lamadrid Villamil, Víctor Ribon Garibello, Yair Pertuz Tilano, así como las particulares Erika Regina Flórez Revuelta y Stephanie Alejandra Benítez Ladeus, se les otorgó el beneficio de medida de aseguramiento en su lugar de residencia, con vigilancia electrónica.

Finalmente, Zaida Paola Pardo, también particular, fue enviada al centro de rehabilitación femenino del Buen Pastor.

Estas personas deberán responder por los delitos de concusión, prevaricato por omisión, peculado por uso, abuso de funciones públicas, concierto para delinquir y acceso abusivo a redes informáticas.

Por estos mismos hechos fue asegurada en días pasados Sandra Paola Vásquez señalada de coordinar una de las centrales ilegales o paralelas al Tránsito de esa ciudad, desde donde tendría acceso al sistema de información para realizar consultas sobre el estado de los vehículos.

Es de advertir que la mencionada abogada se entregó de manera voluntaria en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía General de la Nación.

Contra la decisión del Juzgador, 3 abogados presentaron recursos de apelación, ante los cuales la juez se mantuvo en su posición, por ello una segunda instancia será quien se encargue de resolverlos.

Durante la audiencia se conoció que los uniformados habrían sido destituidos a raíz de estos hechos.