Como una ‘bomba de tiempo’ calificó el jurista Felipe Rincón Salgado el desbordado hacinamiento que se registra en la cárceles del país frente a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

En su concepto, la situación actual evidencia el grave riesgo de pérdida de vidas al interior de los centros carcelarios en el país, no solamente para los propios internos sino, además, para el personal administrativo y de guardianes y, en general, de todas aquellas personas que circulan en el entorno de las cárceles.

“Es de suma gravedad que las autoridades no le hayan dado una solución a este tema, máximo cuando tenemos un hacinamiento desbordado en el sistema carcelario colombiano y donde hay personas privadas de la libertad que podrían eventualmente recibir un tratamiento de detención domiciliaria o ejecución de la pena en forma condicional (libertad condicional)”, sostiene Rincón Salgado.

Todo ello, agregó, “en aras de salvar esa población y el resto de los asociados, porque es un problema de todos y el Gobierno Nacional está en mora de tomar una determinación porque han pasado muchos días desde que el Covid-19 ingresó a nuestro país y que según los gráficos que muestran los medios de comunicación sigue en ascenso”.

Reiteró que se requieren medidas urgentes frente al problema carcelario “porque el hacinamiento es total y desde luego ello impide que se den las aplicaciones que el mismo Gobierno está sacando para impedir que la pandemia se extienda. Es decir, la distancia entre las personas, el constante lavado de las manos, entre otras recomendaciones que no se pueden cumplir por las circunstancias que imperan en los centros carcelarios”.

Por esta razón consideró que “literalmente con ello se estaría ‘condenando a muerte’ a quienes hoy están privados de la libertad , lo cual generaría inmensas responsabilidades frente al Estado colombiano porque está advertido”.

En este sentido recordó que los internos están bajo custodia del Estado y en sus manos están las herramientas jurídicas para implementar la iniciativa.

“El fundamento jurídico para conjurar la crisis es la declaratoria del Estado de Excepción (Conmoción Interior), que le permite al Ejecutivo asumir funciones del Legislativo, con Decretos Legislativos que tienen fuerza de Ley. Además, que se daría para conjurar una crisis carcelaria asociada con la pandemia”, precisó Rincón Salgado en diálogo con Zona Cero.

Aclaró que no se está pidiendo que haya una apertura de las puertas de las cárceles a cualquier tipo de internos.

“Aquellos que están por ser de alta peligrosidad, que hayan sido condenados por accesos carnales abusivos o violentos, terrorismo, secuestro, etc, desde luego que el Estado no puede hacer una libertad masiva de ellos. Pero hay otros internos que sí caen dentro de la posibilidad de salir a sus casas bajo prisión domiciliaria o ejecución condicional en la medida que no revisten mayor peligrosidad para la sociedad y pueden quedarse en sus domicilios y observar la conducta para evitar que la pandemia se extienda”, recalcó.

Expresó que esto implica un análisis individual de las personas que están privadas de la libertad, “pero que desde luego se puede hacer y así lo vienen haciendo otros Estados”, citando los casos del Rey de Marruecos que indultó a 5.600 presos y el Reino Unido anunció la libertad de 4.000 para contener la propagación del coronavirus.

“Esto no es un capricho de nadie. Esta una realidad que hay que prevenir. Entendemos el pánico que pudiera existir por la salida de internos, pero hay personas que por sus delitos no revisten peligro para la sociedad”, puntualizó.