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Ulahy Beltrán, suspendido gerente del CARI.
Ulahy Beltrán, suspendido gerente del CARI.
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En el Cari: Ulahy Beltrán hizo la evaluación para facilitar contrato directo del operador

Comité Evaluador rechazó la propuesta de Gestor Hospitalario del Caribe en la primera convocatoria, pero después el gerente asumió esa tarea y dijo que cumplía los requisitos.

Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

El cuestionado contrato por 15 años de un operador para el Hospital Cari, arruinado durante la administración del exgobernador Eduardo Verano, sigue develando sorpresas: el suspendido gerente Ulahy Beltrán, además de invitar a un solo proponente y de adjudicarle a escondidas la operación en un “sospechoso” proceso exprés, hizo las veces de Comité Evaluador y a solas estudió, verificó y aprobó en 3 días la propuesta de 2.700 páginas que le presentó Gestor Hospitalario del Caribe.

La omnipotente gestión, que terminó con la escogencia a dedo para un contrato de 2 billones de pesos en facturación, está contenida en el documento que Beltrán tituló Informe de Evaluación - Verificación de Requisitos de Propuesta.

El informe apareció luego de que el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, en sorpresiva visita al Cari, le abrió al gerente Beltrán López un “proceso sancionatorio por obstruir la investigación”, debido a que se negaba a entregar toda la documentación del Contrato 690 del 27 de diciembre de 2019, que firmó con Ricardo Mafiol Baute, representante del consorcio contratado.

Antes de que apareciera la evaluación que el cuestionado gerente hizo para facilitarse la contratación directa, a las carreras, a 96 horas de que terminara la administración del gobernador Verano, la Contraloría ya había advertido algo extraño.

Así lo alertó el 4 de febrero, en entrevista con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, el vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee, quien dijo que en la contratación directa no actuó el Comité Evaluador que Beltrán conformó, a través de la Resolución 0792 de octubre de 2019, para la Convocatoria Pública 001, conocida como escogencia de un “operador sanitario”.

Ese comité, que rechazó la propuesta inicial de Gestor Hospitalario del Caribe, lo conformó con el subgerente Administrativo y Financiero, Iván Franco Asthon; la subgerente Científica y Asistencial, Luz Stella Manjarrés, y la jefe de la Oficina Jurídica, Martha Criales.

La Contraloría siguió buscando el documento y este apareció luego de que Ulahy Beltrán fuera notificado, perentoriamente, por el Contralor General de que no desafiara a la institución.

En los nuevos documentos que entregó para escanear apareció la otra sorpresa. Fue Beltrán quien “procedió a realizar la verificación de requisitos”, se lee en el informe en poder de la Contraloría General, y, dentro del hermético proceso que direccionó, concluyó: “Por los resultados obtenido en la presente evaluación y con base en los Términos de Condiciones y los demás documentos que hacen parte integral del proceso de selección, se determinó que el oferente, Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, cumple con todos los requisitos habilitantes y acredita la favorabilidad para llevar a cabo el objeto requerido como operado especializado”.

La evaluación la firmó el 26 de diciembre. Al día siguiente suscribió el contrato que mantuvo escondido hasta la primera semana de enero, cuando se descubrió lo que había hecho. Los pliegos y el contrato solo fueron publicados en la página de Contratación Estatal Secop el 7 de enero, después de las cuatro de la tarde.

Por estas actuaciones, la Contraloría General calificó como “sospechoso” el proceso de contratación que llevó a cabo Ulahy Beltrán, pues en tan poco tiempo, del 23 y el 27 de diciembre, conformaron el consorcio oferente, presentaron la oferta, fue hecha la evaluación y firmaron el contrato.

“Dichos trámites, por su naturaleza y especialmente por la extensión de la propuesta, toman mucho más tiempo que el referido, lo cual para la Contraloría puede ser indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado”, fue una de las ocho conclusiones a la que llegó la institución de control fiscal nacional en su auditoría, proceso que dejó en manos de la Contraloría Departamental del Atlántico, a cargo de Jairo Fandiño, para una decisión de fondo.

 

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