Con las decisiones judiciales el Tránsito de Soledad se salva de pagar una multimillonaria suma de dinero.
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Prensa Alcaldía

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Deniegan demandas contra Tránsito de Soledad por $3.300 millones

En procesos laborales promovidos por exfuncionarios.

Fallos de la Sección Segunda del Consejo de Estado que resolvió las demandas a varios funcionarios, entre activos y desvinculados del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, le permite al organismo ahorrarse la suma de 3.300 millones de pesos.

De acuerdo con las sentencias, en los procesos se declara la improcedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al no hallarse el mérito de proseguir con las pretensiones de los demandantes, por lo que se le da a la entidad estatal la oportunidad de sanear su pasivo contingente.

La directora del ente, Juliana Monterroza, dijo que esta decisión es satisfactoria por cuanto el instituto viene trabajando, a través de la Oficina Jurídica, en los procesos que en contra, esto con el fin de mejorar la calidad de los servicios que presta y el flujo de recursos para inversión.

“Recibimos estas providencias del alto tribunal con agrado, porque nos permite ahorrar un detrimento por más de $3.300 millones al instituto. Nosotros fuimos notificados de dichas decisiones luego de que el Consejo de Estado devolviera los expedientes al Tribunal del Atlántico y se declarara la improcedencia en dichos procesos”, dijo la funcionaria.

Explicó la directora del Instituto de Tránsito de Soledad que para los próximos días estará convocando el Comité de Saneamiento Contable, para agilizar la depuración del pasivo contingente que le permita mostrar la realidad financiera, y aplicar así al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la República.

“Esto nos permite depurar la información para nuevas normas de contabilidad internacional estipulada para entes estatales”, agregó la funcionaria.

Los procesos en mención hacen parte de demandas administrativas laborales interpuestas por ocho funcionarios y exfuncionarios cuyas pretensiones oscilaban entre 370 y 450 millones de pesos cada una.

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