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Contraloría Distrital, campeona en procesos judiciales en su contra

Con la Contraloría del Atlántico enfrenta demandas por 48 mil millones de pesos, reveló la Auditoría General de la República.

Con la Contraloría del Atlántico enfrenta demandas por 48 mil millones de pesos, reveló la Auditoría General de la República.

Un informe de la Auditoría General de la República reveló este martes que la Contraloría Distrital de Barranquilla es la campeona nacional en cuanto al número de procesos judiciales en su contra, entre 32 contralorías del país consultadas.

Dicho estudio señala también que con la Contraloría del Atlántico, ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar cuanto se analiza el monto de las demandas.

En el número de procesos, la Contraloría de Barranquilla supera incluso a la de Bogotá que en lo referente a cuantía es la que enfrenta las más altas demandas.

La Contraloría de Bogotá es el ente de control fiscal que enfrenta el mayor monto en demandas judiciales por más de 115 mil millones de pesos, producto de demandas laborales, responsabilidad contractual y extracontractual, por fallos de responsabilidad fiscal y actos administrativos.

Siguen en su orden la Contraloría de Barranquilla con 29 mil y Atlántico con una cifra que supera los 19 mil millones de pesos.

Así lo revela una encuesta realizada por la Auditoría General de la República en octubre del 2012 a sus entes vigilados y que fue respondida por el 52% de las contralorías territoriales, con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación real en materia de controversias judiciales de los órganos de control fiscal y para diseñar una eficiente y efectiva defensa jurídica pública.

El monto de las pretensiones de los demandantes supera los 216 mil millones de pesos.

El Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, explicó que el proyecto de defensa jurídica del control fiscal tiene como objetivo “reconocer y develar la grave situación de las finanzas frente a las multimillonarias erogaciones presupuestales derivadas de las condenas contra las autoridades públicas por sus acciones y omisiones, jurídicas y antijurídicas”.

Advirtió que esta situación de las contralorías se hace aún más delicada ante la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 3° de la ley 1416 de 2010, sentencia que señaló que el monto de las condenas de las contralorías no seguirá siendo asumido por las entidades territoriales, sino con el presupuesto de las contralorías territoriales.

Hizo énfasis en que esta realidad no puede ser objeto de acciones exclusivas del Gobierno Nacional, sino que a partir de la fecha, ingresará a la agenda de prioridades de las contralorías del país, que en conjunto con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado identificarán y efectuarán seguimiento estricto a las demandas en contra del Estado con el fin de asegurar que se adelanten acciones de prevención y debida defensa ante los Tribunales.

Por otra parte, de las 32 Contralorías que enviaron información, hay mil 243 procesos judiciales vigentes en los cuales son parte procesal las contralorías territoriales como entidades demandantes o demandadas.

La Contraloría con mayor número de procesos judiciales es Barranquilla (401 procesos), un número muy superior al promedio y a Contralorías como las de Boyacá (133 procesos), Bogotá (116 procesos) y Medellín (43 procesos). Por debajo del promedio se ubican 26 Contralorías.

El 28.15% de las contralorías tienen entre 15 y 34 procesos judiciales y el 53% tienen menos de 15 procesos judiciales vigentes, la Contraloría de Bello dice no tener ningún proceso judicial vigente.

La encuesta estableció que de los mil 243 procesos judiciales vigentes, en el 89% las contralorías territoriales son demandadas y en el 11% son demandantes. “Sin embargo, existen contralorías en las que el porcentaje de procesos judiciales vigentes, en los cuales la entidad es demandante, es mayor que el porcentaje donde es demandada. Estas contralorías son: Valledupar (en el 100% de los procesos judiciales vigentes la entidad es demandante), Bolívar (90%), Dosquebradas (63%) y Cartagena (62%)”. Para el estudio realizado, el caso de Barranquilla preocupa, porque, no sólo cuenta con un número muy alto de procesos judiciales vigentes, sino, además, porque en un sólo proceso es demandante.

La presentación estas cifras se dio en el marco del lanzamiento del Proyecto de Defensa Jurídica Pública de la Auditoría General de la República y de los órganos de control.

 

Con información de la Auditoría General de la República

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